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dpto.prensa@rsdenlinea.com (Redactor RSD) el 22/02/13
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Abogada Roslin Villanueva comparte hoy una investigación efectuada por la Defensoría del Pueblo.
Debido a la riqueza y variedad en la
oferta de productos mineros presentes en nuestro país, al aumento de la
inversión y al contexto internacional, se prevé una mayor expansión de
este sector en los próximos años. En la actualidad, esta actividad se
desarrolla formalmente en el 0,28% del territorio nacional, frente a un
13,6% de este sobre el cual se han otorgado concesiones mineras.
En cuanto al crecimiento económico de
nuestro país es importante tener en cuenta que este debe ir acompañado
por una mejora significativa en su institucionalidad, a fin de hacer
efectivo el cumplimiento de la ley, reducir la brecha de desigualdad
social y garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las
personas.
Uno de los problemas más críticos que
afronta nuestro país es la informalidad, la cual alcanza al sector
minero. De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria, la extracción ilegal de oro
supera anualmente los 18 mil kilogramos, cuyo valor sería más de S/.
2200 millones, lo que representa en impuestos dejados de pagar al fisco
por esta actividad más de S/. 500 millones, alrededor de 0,1 puntos
porcentuales del Producto Bruto Interno
La minería informal e ilegal,
actualmente presente en veintiún (21) regiones del país, entre ellas la
nuestra, la Región Ancash, y que ocupa a cerca de cien mil (100 000)
trabajadores directos, representa un problema sumamente complejo para el
Estado, por los graves impactos ambientales, sociales, económicos y de
seguridad que viene generando, y porque afecta la gobernabilidad
democrática del país, al constituir escenarios de gran tensión social y
de conflictos violentos como los acaecidos en el departamento de Madre
de Dios, que han ocasionado incluso la pérdida de vidas humanas que
todos debemos lamentar y rechazar.
Deben reconocerse los esfuerzos y la
decisión política desplegados por el Estado peruano para enfrentar esta
problemática, a través de las disposiciones normativas contenidas en los
Decretos Legislativos N.º 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,
1106 y 1107; pero, a su vez, se requiere fortalecer la coordinación
interinstitucional, el cumplimiento de las obligaciones legales
establecidas y una dotación presupuestaria adecuada a los objetivos
propuestos.
En ese sentido, en el presente mes, la
Defensoría del Pueblo ha presentado el Informe N.º
001-2013-DP/AMASPPI.MA. “Gestión del Estado frente a la Minería Informal
e Ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los Decretos
Legislativos promulgados al amparo de la Ley N.° 29815”.
A través de este informe, el Defensor
del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a las autoridades del Poder
Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal, en aras de
frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los
últimos años.
Este informe es el resultado de una
supervisión a 27 instituciones del Estado, respecto al cumplimiento de
los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815. De
un total de 135 obligaciones supervisadas, 64 se encuentran con avances,
22 en coordinación, 22 sin avances y respecto a las 27 restantes no se
recibió información. Al respecto El Dr. Vega señalo que “El balance no
es desalentador. Sin embargo, invocamos a las autoridades,
organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación
del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de
la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a
nuestro país”.
Entre los principales avances se tiene
la creación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y del
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para evaluar y mitigar el
impacto ambiental. Asimismo, destacó el establecimiento de áreas
geográficas, rutas fiscales y puestos de control en Madre de Dios; así
como las acciones de interdicción realizadas en Loreto, Junín, Madre de
Dios y Áncash que suman 59 durante el año 2012.
No obstante estos avances, se encuentra
pendiente la implementación de la ventanilla única para la formalización
minera, así como del Fondo para el Proceso de Formalización de las
Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal. También debe
realizarse el diseño del Plan de Recuperación de los Impactos
Ambientales, el control y fiscalización efectiva de los insumos
químicos, maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal. Sumado a
ello, se debe implementar el registro y control de los usuarios del
mercurio, cianuro de potasio y el cianuro de sodio.
Dentro de este escenario subsiste la
necesidad de que el Estado fortalezca su accionar contra la minería
informal e ilegal en el marco de una actuación coordinada, planificada y
sostenida en el tiempo, que garantice el cumplimiento de los objetivos
establecidos en materia de formalización, remediación, interdicción y
persecución de la minería ilegal.
Por ello, la Defensoría del Pueblo
recomendó al Poder Ejecutivo, garantizar que en el Presupuesto de la
República, se asignen los recursos financieros que permitan la
implementación de medidas destinadas a enfrentar la minería informal e
ilegal en todo el territorio nacional.
Atender esta problemática es una
obligación impostergable para el Estado. Un primer paso para cumplir con
estas obligaciones ha sido la dación de los Decretos Legislativos (del
1099 al 1107), publicados en el 2012, pero ello no debiera agotar los
esfuerzos del Estado en su lucha contra las actividades mineras
ilícitas, pues es necesario implementar dicho marco normativo en
acciones concretas que permitan la formalización de aquellos mineros que
se adecuen al régimen establecido, la erradicación de actividades
mineras delictivas y la remediación ambiental y social de impactos
generados por estas actividades.
Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial Chimbote
Defensoría del Pueblo
